Publicado en El PaísL. Visa / C. Montserrat
Después de más de 10 años de conflicto, parece que se acerca el momento de cerrar el litigio que enfrenta a la diócesis de Lleida y a la de Barbastro-Monzón por la propiedad de 113 obras de arte sacro. El administrador apostólico de Lleida, Xavier Salinas, y el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, llegaron a un acuerdo el lunes por el que el primero se compromete a entregar en el plazo de 30 días 88 de las obras en disputa.
La pelota está ahora en el tejado del Departamento de Cultura de la Generalitat -las obras están incluidas en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán-, que recibe fuertes presiones tanto ciudadanas, en Lleida, como políticas -ayer, CiU volvió a exigir que no las descatalogue- para que impida la entrega de las piezas. En cualquier caso, según el acuerdo que firmaron el lunes en Madrid los dos obispos, el único interlocutor que habrá ahora en el contencioso entre diócesis y gobiernos autónomos será el nuncio del Vaticano en España, el portugués Manuel Monteiro de Castro, que ha querido dar carpetazo al conflicto antes de que se haga público el nombre del nuevo obispo titular de Lleida.
Este tortuoso litigio se originó en 1995 cuando la Santa Sede decretó la modificación de los límites de la diócesis de Lleida y mandó anexionar 111 parroquias con todas sus almas y bienes terrenales a la vecina aragonesa de Barbastro-Monzón. Desde entonces, el conflicto ha sido permanente, primero, en el ámbito eclesiástico, y después, también en el civil.
El obispado de Lleida confirmó ayer, por medio de un comunicado, su predisposición a acatar los términos del decreto de la congregación para los obispos del 8 de septiembre de 2005 que le obliga a devolver a Barbastro-Monzón las piezas en disputa. Después de manifestar su compromiso con el consorcio institucional que gestiona el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida, el obispado declara que entre las obras aportadas al centro por parte del obispado hay 88 que tiene la obligación de entregar a las parroquias de la diócesis aragonesa de las que proceden.
Este reconocimiento fue lo primero que agradeció ayer Alfonso Milián, obispo de Barbastro, que añadió que, tal como señala el acuerdo, las obras "deben regresar amparadas en el artículo 139 de la Constitución, que asegura que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que impidan la libre circulación de bienes". Milián recordó que los bienes "son patrimonio de la Iglesia. Si se ponen obstáculos, será indebidamente y en contra de la legislación".
Al poco de conocerse la noticia, el Departamento de Cultura de la Generalitat emitió un comunicado en el que asegura que el acuerdo "ignora la documentación incontestable que acredita la titularidad de las piezas" por parte de la diócesis de Lleida y reitera la legitimidad de unas obras que, añade, están protegidas por la legislación catalana.
El acuerdo ha provocado un profundo malestar en Lleida, incluso entre el mismo clero. Varios sacerdotes manifestaron ayer sentirse decepcionados por la postura adoptada por Salinas, y el especialista en Derecho Canónico y ex asesor jurídico del obispado Josep Casanova consideraba que el acuerdo no tiene relevancia jurídica. El alcalde de la ciudad, el socialista Àngel Ros, confía en que la Generalitat no descatalogará las piezas y la Asociación de Amigos del Museo de Lleida confía en la demanda civil que presentó hace dos meses para reivindicar su propiedad.
En Aragón, pese a la satisfacción por el acuerdo, reina el escepticismo, porque se mantiene la sensación de que las autoridades catalanas impedirán el retorno de las piezas. De momento, pues, hay acuerdo religioso, pero ahora comienza el desacuerdo civil.La Generalitat catalana muestra su rechazo al acuerdo de devolución
La pelota está ahora en el tejado del Departamento de Cultura de la Generalitat -las obras están incluidas en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán-, que recibe fuertes presiones tanto ciudadanas, en Lleida, como políticas -ayer, CiU volvió a exigir que no las descatalogue- para que impida la entrega de las piezas. En cualquier caso, según el acuerdo que firmaron el lunes en Madrid los dos obispos, el único interlocutor que habrá ahora en el contencioso entre diócesis y gobiernos autónomos será el nuncio del Vaticano en España, el portugués Manuel Monteiro de Castro, que ha querido dar carpetazo al conflicto antes de que se haga público el nombre del nuevo obispo titular de Lleida.
Este tortuoso litigio se originó en 1995 cuando la Santa Sede decretó la modificación de los límites de la diócesis de Lleida y mandó anexionar 111 parroquias con todas sus almas y bienes terrenales a la vecina aragonesa de Barbastro-Monzón. Desde entonces, el conflicto ha sido permanente, primero, en el ámbito eclesiástico, y después, también en el civil.
El obispado de Lleida confirmó ayer, por medio de un comunicado, su predisposición a acatar los términos del decreto de la congregación para los obispos del 8 de septiembre de 2005 que le obliga a devolver a Barbastro-Monzón las piezas en disputa. Después de manifestar su compromiso con el consorcio institucional que gestiona el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida, el obispado declara que entre las obras aportadas al centro por parte del obispado hay 88 que tiene la obligación de entregar a las parroquias de la diócesis aragonesa de las que proceden.
Este reconocimiento fue lo primero que agradeció ayer Alfonso Milián, obispo de Barbastro, que añadió que, tal como señala el acuerdo, las obras "deben regresar amparadas en el artículo 139 de la Constitución, que asegura que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que impidan la libre circulación de bienes". Milián recordó que los bienes "son patrimonio de la Iglesia. Si se ponen obstáculos, será indebidamente y en contra de la legislación".
Al poco de conocerse la noticia, el Departamento de Cultura de la Generalitat emitió un comunicado en el que asegura que el acuerdo "ignora la documentación incontestable que acredita la titularidad de las piezas" por parte de la diócesis de Lleida y reitera la legitimidad de unas obras que, añade, están protegidas por la legislación catalana.
El acuerdo ha provocado un profundo malestar en Lleida, incluso entre el mismo clero. Varios sacerdotes manifestaron ayer sentirse decepcionados por la postura adoptada por Salinas, y el especialista en Derecho Canónico y ex asesor jurídico del obispado Josep Casanova consideraba que el acuerdo no tiene relevancia jurídica. El alcalde de la ciudad, el socialista Àngel Ros, confía en que la Generalitat no descatalogará las piezas y la Asociación de Amigos del Museo de Lleida confía en la demanda civil que presentó hace dos meses para reivindicar su propiedad.
En Aragón, pese a la satisfacción por el acuerdo, reina el escepticismo, porque se mantiene la sensación de que las autoridades catalanas impedirán el retorno de las piezas. De momento, pues, hay acuerdo religioso, pero ahora comienza el desacuerdo civil.La Generalitat catalana muestra su rechazo al acuerdo de devolución
Noticia completa en El País
Las reacciones políticas contrarias a la devolución por parte de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Lérida han motivado esta respuesta por parte del Presidente de Aragón: "Obstaculizar el acuerdo Barbastro-Lérida es un delito", publicada en Radio Huesca.
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